A CASI 10 años del terrible caso de la joven LNP, de 15 años, violada
en el Espinillo la sociedad chaqueña se conmueve nuevamente ante el
atropello, la discriminación, violación y muerte de Juana Gomez la joven
qom hallada torturada y colgada de un árbol en la localidad de
Quitilipi.
Recordemos que en octubre del 2003 LNP salió con una amiga a pasear por la plaza de El Espinillo. Ese mismo día sufriría una violación, con la cual se iniciaba un camino de dolor, horror, maltrato y discriminación. Los autores del hecho fueron Humberto Darío Rojas, Lucas Gonzalo Anriquez y Leonardo Javier Palavecino quienes para liberarla le hicieron prometer que no diría nada. Pero apenas la soltaron la joven corrió hasta la comisaría allí durante más de tres horas la policía la tuvo de pie, cruzada por el dolor, agotada de injusticia. No contaban con intérprete para entender y contener a la joven. Recién cuando se cansaron de su llanto accedieron a tomarle la denuncia. Luego la llevaron al Puesto Sanitario pero el médico de guardia se limitó a revisarla y la mandó a su casa.
Este caso resultó un paradigma de avasallamiento de todos los derechos y en una decisión sin antecedentes para un caso argentino de violencia contra las mujeres, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que en el caso de la joven indígena chaqueña LNP se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual el Estado argentino se encuentra adherido. La resolución reconoció el cumplimiento del Estado argentino con respecto a algunas medidas reparatorias con la víctima, sin embargo solicitó que se de cumplimiento integral a los compromisos acordados para garantizar que casos como este no vuelvan a repetirse.
Pero la ausencia del Estado no sólo golpeo a LNP, ya que en julio de 2007 la joven aborigen de 15 años Natalia Flores era encontrada violada y asesinada, tirada a orillas del Riacho Arazá en la Localidad de Fontana. Su familia sigue clamando justicia.
Sin distinción y sin tiempo, la violencia avanza en todo el territorio provincial. Los femicidios siguen creciendo terminando con la vida de las mujeres y dejando dolor e injusticias, hijos e hijas que también son víctimas del horror que significa la violencia.
Ante esta realidad, el gobierno de Capitanich es contundente, firme en su insensibilidad al momento de abordar la problemática de la violencia.
Hace tiempo venimos reclamando la implementación de la ley de protección integral 26.485.
Hace tiempo venimos denunciando la falta de implementación del Protocolo de Actuación policial en casos de violencia hacia las mujeres.
Hace tiempo solicitamos la creación de la Oficina de atención para mujeres víctimas de violencia, creada por Ley 6770.
Recordemos que en octubre del 2003 LNP salió con una amiga a pasear por la plaza de El Espinillo. Ese mismo día sufriría una violación, con la cual se iniciaba un camino de dolor, horror, maltrato y discriminación. Los autores del hecho fueron Humberto Darío Rojas, Lucas Gonzalo Anriquez y Leonardo Javier Palavecino quienes para liberarla le hicieron prometer que no diría nada. Pero apenas la soltaron la joven corrió hasta la comisaría allí durante más de tres horas la policía la tuvo de pie, cruzada por el dolor, agotada de injusticia. No contaban con intérprete para entender y contener a la joven. Recién cuando se cansaron de su llanto accedieron a tomarle la denuncia. Luego la llevaron al Puesto Sanitario pero el médico de guardia se limitó a revisarla y la mandó a su casa.
Este caso resultó un paradigma de avasallamiento de todos los derechos y en una decisión sin antecedentes para un caso argentino de violencia contra las mujeres, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que en el caso de la joven indígena chaqueña LNP se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual el Estado argentino se encuentra adherido. La resolución reconoció el cumplimiento del Estado argentino con respecto a algunas medidas reparatorias con la víctima, sin embargo solicitó que se de cumplimiento integral a los compromisos acordados para garantizar que casos como este no vuelvan a repetirse.
Pero la ausencia del Estado no sólo golpeo a LNP, ya que en julio de 2007 la joven aborigen de 15 años Natalia Flores era encontrada violada y asesinada, tirada a orillas del Riacho Arazá en la Localidad de Fontana. Su familia sigue clamando justicia.
Sin distinción y sin tiempo, la violencia avanza en todo el territorio provincial. Los femicidios siguen creciendo terminando con la vida de las mujeres y dejando dolor e injusticias, hijos e hijas que también son víctimas del horror que significa la violencia.
Ante esta realidad, el gobierno de Capitanich es contundente, firme en su insensibilidad al momento de abordar la problemática de la violencia.
Hace tiempo venimos reclamando la implementación de la ley de protección integral 26.485.
Hace tiempo venimos denunciando la falta de implementación del Protocolo de Actuación policial en casos de violencia hacia las mujeres.
Hace tiempo solicitamos la creación de la Oficina de atención para mujeres víctimas de violencia, creada por Ley 6770.
No hay presupuesto para las políticas de protección a las mujeres, mientras la corrupción por año se lleva 500 millones en un Chaco que se agranda, pero de dolor y de abandono para las mujeres y sobre todo para las más humildes.
Nancy Sotelo
Coordinadora
Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá)
CHACO
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