El gobierno de Chinchilla ofreció ayer un crédito por $300 millones a las universidades públicas.
Dicha política coincide con la exigida por órganos como el Banco Mundial, que argumentan la necesidad de que las universidades se sostengan económicamente por sus propios medios.
A mediano plazo, dicha privatización implicará que las estudiantes debamos pagar derechos de matricula iguales o mayores que los de las universidades privadas, que los programas de becas se transformen en programas de prestamos para educación y que la infraestructura universitaria se construya en sociedad con la empresa privada.
Adiós la U pública....
ps. abajo la nota de prensa y dos citas al respecto.
Centros aceptarían recibir 1,30% del PIB más crédito por $300 millones
Préstamo para obras resolvería conflicto entre Gobierno y las 'U'
Ministro Garnier opina que se debe discutir uso y monto de empréstito
Presidenta Chinchilla recibió ayer a representantes universitarios
Un préstamo de $300 millones para que cuatro universidades públicas inviertan en infraestructura y compra de equipo resolvería el conflicto entre esas casas de enseñanza y el Gobierno.
Esa salida quedó sobre el tapete ayer en una reunión sostenida en la Casa Presidencial entre la presidenta, Laura Chinchilla, rectores, estudiantes y representantes sindicales de esas universidades.
El encuentro –que se extendió durante dos horas– se dio tras una concurrida marcha que salió de la Universidad de Costa Rica (UCR) a las 10 a. m., y llegó a la Presidencia una hora después.
En la cita estuvieron los rectores Yamileth González (UCR), Sandra León (Universidad Nacional, UNA), Eugenio Trejos (Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR) y Luis Guillermo Carpio (Universidad Estatal a Distancia, UNED).
Asimismo, se hicieron presentes los ministros Leonardo Garnier (Educación), Marco Vargas (Presidencia), Fernando Herrero (Hacienda), Clotilde Fonseca (Ciencia y Tecnología) y José María Tijerino (Seguridad).
La manifestación se llevó a cabo porque las universidades piden alcanzar de forma paulatina, en calidad de aporte estatal, el 2,34% del PIB en el 2015, lo cual equivale a unos ¢600.000 millones, según datos de Garnier.
Sin embargo, el Gobierno alega que solo puede darles el 1,30% para ese año, que representan unos ¢300.000 millones.
Actualmente, esas universidades reciben el 1,23% del PIB (¢226.000 millones).
Una luz. Eugenio Trejos, rector del ITCR, aseguró ayer que las universidades aceptarían ese 1,30% del PIB si, a cambio, el Gobierno suscribe también un crédito por $300 millones (¢162.000 millones) a lo largo de los próximos cinco años.
"Se utilizará en infraestructura y equipamiento científico y tecnológico. Sin duda alguna, alivia mucho la presión porque los recursos del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) se destinarían a la operación y recurso humano", indicó Trejos.
El rector insistió en que el pago de intereses y amortización de ese crédito lo asumiría el Gobierno.
El Ministro de Educacíón reconoció que es una buena posibilidad para, de esa manera, acabar con más de año y medio de negociaciones infructuosas.
"La posibilidad de un crédito siempre ha sido parte de la negociación. En un principio vemos eso con buenos ojos, y hay que discutir exactamente para qué son el crédito y el monto", indicó Garnier.
Ahora, esa discusión se traslada a la Comisión de Enlace, en la que debe definirse el presupuesto para la educación superior, porque así lo ordena la Constitución Política.
La Comisión está integrada por los rectores y los ministros Leonardo Garnier, Fernando Herrero, Clotilde Fonseca y Laura Alfaro (Planificación).
La presión sobre los recursos económicos se incrementa porque cerca del 70% del dinero que el Estado transfiere a las universidades se destina al pago de salarios e incentivos a los funcionarios.
El resto queda para construir sedes regionales o ampliar las actuales, aceptar más estudiantes, otorgar becas, realizar investigaciones y comprar equipo.
El presupuesto universitario para el próximo quinquenio debe estar definido a finales de julio, según dijo Fernando Herrero, pues, de lo contrario, serían los diputados quienes lo discutan cuando Hacienda envíe el Presupuesto Nacional el próximo 1.° de setiembre.
Banco Mundial y privatización de la educación pública
Por Gian Carlo Delgado-Ramos y John Saxe-Fernández - Publicado en 29 March 2005
En 1998 el BM publicó un informe sobre Financiamiento y Administración de la Educación Superior (The Financing and Management of Higher Education) en el que presentó la agenda mundial de "reforma" educativa. Con la intención de ajustar el sistema educativo "a las necesidades actuales y futuras", el BM siguió la 'sugerencia' de Frans van Vught1 -rector de la Universidad de Twente (Holanda)- al suscribir que, "…la agenda de reforma [educativa] de los 90s, y seguramente de gran parte del siguiente siglo, está más orientada al mercado que a conservar su carácter público o su planeación y regulación gubernamental."2 Por tanto, dice el BM, los conceptos fundamentales de la nuestra Agenda son: privatización, desregulación y la orientación hacia el mercado.
Dejando de lado la larga experiencia histórica de la Universidad europea como vértice de la producción de conocimiento humanista y científico, y como figura pública, el BM asegura que la educación y la ciencia y la tecnología son mercancías, y consecuentemente deben ser manejadas a través de 'soluciones de mercado'. Ello significa que la educación es enmarcada en un contexto de limitada oferta y que está disponible por un cierto precio.
Asimismo, si vemos en el lado de la demanda, el financiamiento de la educación adquiere una forma peculiar. Esto tiene que ver, en palabras del Banco, con el hecho de que, "…cuando el gobierno transfiere los costos hacia los estudiantes, éste debe introducir un sistema paralelo de asistencia financiera."3 Consecuentemente, entre las medidas consideradas por el Informe del BM4 están:
a) La introducción de incrementos sustanciales en las matrículas.
b) El cobro de cuotas completas por servicios de habitación y comida.
c) Introducción de mecanismos para averiguar los recursos económicos de los solicitantes de subvenciones y préstamos
d) Ofrecimiento de préstamos para estudiantes en base a intereses de mercado.
e) Mejora del cumplimiento de pagos de los préstamos mediante la subcontratación de empresas privadas.
f) Implementación de un impuesto por derecho a graduarse a todos los estudiantes.
g) Fomentar la filantropía para la constitución de fundaciones, para operaciones directas de las universidades o para otorgar becas a los estudiantes.
h) Mejora de la calidad (sic) de la educación a través de un entrenamiento empresarial.
i) Venta de investigaciones, cursos de formación y de todos los servicios mediante contratos de concesión (contratos de servicios múltiples) o subvenciones.
j) Incremento del número de instituciones privadas con un constante decremento de aquellas de carácter público.
Una de las justificaciones del BM para implementar dicho paquete de lineamientos queda expresa de la siguiente manera: "…mucho de lo que puede parecer como la agenda de un economista neoliberal es la solución más oportuna, independientemente de cualquier cuestión ideológica. Con la creciente evasión de impuestos y con la gran dificultad de recolectarlos en un contexto de competencia por los recursos entre varias necesidades públicas, un incremento en la matrícula, el cobro de otras cuotas y el desencadenamiento del potencial empresarial del profesorado, puede ser la única alternativa frente a una austeridad que la debilita totalmente."5
Notas
1. Frans van Vught, "Autonomy and Accountability in Government/University Relationships" en; Jamil Salmi and Adriaan Verspoor, Eds. Revitalizing Higher Education. London. Pergamon Press. 1994.
2. Johnstone D. Bruce.The Fiancing and Management of Higher Education: a status report on worldwide reforms. World Bank – State University of New York at Buffalo. 1998.
3. Ibid: 7.
4. Ibid: 5, 7.
5. Ibid: 5. Las cursivas son nuestras.
Privatización de la educación en Colombia
La privatización de la educación en Colombia es el nombre dado por ciertos de sectores a la serie de medidas oficiales que amenazan la financiación estatal de la educación pública y que, por lo tanto, conllevan a su inviabilidad a mediano o largo plazo.
Esta privatización de la educación no corresponde a una venta de los activos públicos destinados a la educación, sino a la reducción de recursos que el estado transfiere a las universidades públicas y la participación cada vez más importante del sector privado en la Educación Superior. Esto conllevaría a que los estudiantes universitarios tengan que pagar mayores matrículas para ingresar, despojando a los más pobres del derecho a la educación. De esta forma la universidad pública se comportaría bajo el mismo esquema de negocio de la universidad privada o llegaría incluso a desaparecer.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,[1] aprobado en 2007 es esgrimido como una de las mayores amenazas, al hacer copartícipe a las universidades públicas de la Nación de su pasivo pensional, lo cual representa un gasto mayor, el cual sumado a previas medidas que buscaban el autosostenimiento de las universidades dentro de una política neoliberal, agrava la situación financiera de la universidad pública en Colombia.
Además, es el proyecto de ley de Reforma General de Transferencia del presidente Álvaro Uribe Vélez que, estipulando un recorte (sustancial) del presupuesto a los sectores de la educación (y la salud) de los departamentos colombianos, contribuye al mismo debate.[2
↑ a b Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Artículo 38.
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