.:: Adela Cedillo - MUJERES, GUERRILLA Y TERROR DE ESTADO EN LA ÉPOCA DE LA REVOLTURA EN MÉXICO ::.

Contexto

El presente ensayo tiene como marco temporal la guerra fría en México y, dentro de ella, el fenómeno conocido como “guerra sucia”, cuyos límites cronológicos se pueden fechar entre  1962 y 1982.[1]  Durante este periodo se desarrolló una confrontación militar entre el sector más radical de la izquierda urbana y rural y el Estado, la cual produjo los niveles de violencia política más elevados desde la rebelión cristera. Aunque en algunas coyunturas el conflicto estuvo a punto de adquirir dimensiones nacionales, sus principales expresiones no trascendieron el ámbito regional. Los estados en los que hubo un mayor despliegue de fuerzas, tanto guerrilleras como contrainsurgentes, fueron Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora y el Distrito Federal y, en menor medida, Morelos, Michoacán y Oaxaca.[2]  El común denominador en todos los casos es que la lucha armada fue precedida por diversos movimientos (sindicales, estudiantiles o campesinos) violentamente reprimidos.

Con el advenimiento de la guerra fría, el Partido Revolucionario Institucional (que ejercía una dictadura unipartidista de facto) importó la doctrina de la seguridad nacional, que regía la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica en aras de contener la expansión de la “amenaza comunista”.  Después de la revolución cubana (1959), dicha doctrina alentó el desarrollo de políticas contrainsurgentes para acabar con los potenciales focos de desestabilización en el continente americano.  En México, esto se tradujo en que  el activismo pacífico de la sociedad civil no corporativizada fue asimilado a una presunta “conjura comunista internacional” y, en consecuencia, se le combatió con métodos contrainsurgentes. El ejército fue empleado de forma sistemática para romper huelgas, disolver mítines, realizar detenciones y torturar, ejecutar o desaparecer a los “enemigos internos”.  Después de la matanza de civiles en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en el ámbito urbano el gobierno acudió preferentemente a las corporaciones policiacas o a los cuerpos especiales, parapoliciacos o paramilitares, a fin de proteger la imagen de un instituto armado asaz desprestigiado ante la ciudanía.  En cambio, en las áreas rurales, incomunicadas y ajenas a cualquier tipo de observación ciudadana, las fuerzas armadas protagonizaron el paroxismo del terror estatal. En respuesta a este conjunto de episodios, el sector más radical del espectro político de la izquierda socialista abandonó el camino de la lucha pública y semilegal y comenzó los preparativos para declararle la guerra a un Estado calificado de autoritario, represivo y cuasi totalitario. (...)

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